Maykil Yokhanna, condenado a cadena perpetua por el asesinato de la joven Adriana de 12 años, está intentando reabrir su caso. Sin embargo, Suecia impide sistemáticamente que los reclusos ejerzan sus derechos básicos a un juicio justo y acceso a asistencia legal, como lo demuestra el caso de Yokhanna. «Nunca me he encontrado con una situación en la que no se me permitiera hablar con un cliente sobre la reapertura de un caso,» dice su abogado Björn Hurtig.
Bloqueo del contacto con el abogado
El 25 de mayo, Yokhanna solicitó una consulta con su abogado Björn Hurtig sobre la reapertura de su caso. Kriminalvården negó esta solicitud, citando motivos insuficientes para tal contacto, ya que no había ningún procedimiento en curso o número de caso en ese momento.
Yokhanna, que está cumpliendo su condena en la prisión de Kumla, afirma que la prisión evaluó que podría manejar el contacto con su abogado por correo. La misma evaluación fue realizada por la sede de Kriminalvården después de su apelación contra la decisión.
Nuevas circunstancias
Otro abogado de Yokhanna, Hampus Wikerstål, también intentó sin éxito contactarlo en prisión. «Según mi abogado, han surgido nuevas circunstancias que podrían justificar la reapertura del caso,» escribe Yokhanna en su queja al Defensor del Pueblo Parlamentario.
Comunicación restringida
El abogado Björn Hurtig se sorprende de que no se le haya permitido contactar a su cliente. «Creo que entienden muy poco sobre cómo funciona la comunicación entre un abogado y un cliente si creen que se puede comenzar a trabajar en una solicitud para reabrir un caso a través de cartas,» dice Hurtig. Agrega que es esencial que el cliente pueda hablar con el abogado para explicar correctamente su caso y formarse una opinión.
Violación brutal de los derechos básicos
Con estas acciones, Suecia está violando brutalmente los derechos humanos básicos de los reclusos a un juicio justo y acceso a asistencia legal. Este caso no es único y representa un patrón más amplio de violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra los detenidos en Suecia.
El periódico Aftonbladet contactó al Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de Suecia, que declaró que no podía comentar sobre los casos en curso ante el Defensor del Pueblo Parlamentario.
El caso de Maykil Yokhanna destaca problemas sistémicos más profundos y la necesidad de reformas extensas para asegurar la justicia y la protección de los derechos básicos para todos los reclusos en Suecia. Este caso, junto con otros, podría formar parte de la revelación de un escándalo de corrupción más amplio que expone el funcionamiento de Kriminalvården y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el sistema judicial sueco. En el caso de Petra Quick, estos esquemas de corrupción podrían utilizarse para probar el robo de materiales comprometedores sobre políticos checos, el robo de activos multimillonarios, la manipulación y falsificación de documentos, así como la legalización de falsos testimonios.
Acumulación de violaciones de derechos humanos
Los casos de violaciones de derechos humanos en Suecia se están acumulando lentamente, y con la existencia del caso falsificado de Petra Quick, Suecia arriesga su clasificación en materia de corrupción y una caída en su evaluación del cumplimiento de los derechos humanos.